martes, 28 de junio de 2016

Transferencias directas e indirectas hacia el capital





Durante los primeros 6 meses el gobierno nacional tomó decisiones de política económica que implicaron una importante transferencia de ingresos hacia el sector empresario. Así lo demuestra el informe “Transfiriendo al capital, transferencias de ingresos al sector empresario, diciembre de 2015-abril 2012”, realizado por los licenciados Itaí Hagman, Martín Harracá, Pablo Wharen. 
El informe plantea que Argentina puede caer nuevamente en un triángulo sumamente perjudicial: transferencia de ingreso, fuga de capitales y endeudamiento externo. La historia, nos muestra que esta orientación económica en nuestro país, nunca ha generado un contexto favorable para el pueblo argentino. 

La calidad de vida de la mayoría de los argentinos ya se ve afectada por este proceso de redistribución de la riqueza, para el cual se utilizaron mecanismos de transferencia directa e indirecta. Los de transferencia directa son aquellos mecanismos más influyentes para generar esta situación:

1- La devaluación de la moneda que impactó en los precios domésticos:  al sector empresario exportador la devaluación lo favorece, por cada dólar que vende al exterior tiene un ingreso mayor en pesos. Además se dispararon  los contratos del Dólar Futuro establecidos por el BCRA en 2015. Desde la devaluación del 17 de diciembre de 2015 y hasta abril de 2016 el BCRA debió pagar aproximadamente $70.000 millones, lo que equivale a USD 4.828 millones. 

















2- La política de desregulación del Banco Central: combina el aumento de la tasa de interés con una desregulación del mercado financiero. Los bancos obtienen una diferencia positiva entre la tasa de interés que pagan por los depósitos de los ahorristas y la que cobran cuando realizan un préstamo o efectúan una inversión financiera, esta diferencia se denomina spread bancario. El Estado puede regular esa rentabilidad por un lado fijando la tasa de interés que paga por las LEBACs, y por otro estableciendo límites al spread que los bancos pueden fijar: al eliminar esos límites, deja librada al mercado financiero esa regulación, esto da como resultado una ganancia extraordinaria para los bancos. Durante los cuatro meses anteriores al cambio de gobierno el diferencial de los bancos era de 5,3 puntos porcentuales, el mismo se elevó hasta ubicarse por sobre los 10 puntos porcentuales en marzo y abril de 2016.

3- La quita o disminución de retenciones agropecuarias y mineras: tiene doble impacto en la distribución del ingreso, aumenta o disminuye la recaudación fiscal del Estado e incide en la formación del precio del mercado local. Al disminuir o quitar las retenciones los exportadores incrementan el ingreso por sus ventas al exterior (pagan menos impuestos). La transferencia hacia los exportadores de cereales asciende a $9.150 millones, lo que constituye una estimación de mínima, al no considerar otros productos como la carne y productos de economías regionales. La quita de las retenciones a las exportaciones mineras equivale a unos USD 220 millones anuales que no ingresarán al Estado, lo que representa aproximadamente $1059 millones durante el primer cuatrimestre del año.



















Por otro lado, el mecanismo indirecto más influyente es la transferencia desde los sectores de ingresos fijos por vía de aumento de precios. Para el período noviembre-abril el monto transferido al sector empresario en su conjunto alcanza los $86.875 millones, equivalente a USD5.991 millones. Si bien los empresarios sufrieron una pérdida de demanda y un incremento de costos estos efectos fueron más que compensados por el incremento de los precios locales. Por su parte, los sectores de ingresos fijos (salarios registrados y no registrados, jubilaciones y asignaciones familiares) sufrieron tanto los aumentos en los bienes importados como locales, por lo que en abril sus ingresos fueron un 20% menor a los registrados en noviembre.
En conclusión, la transferencia de ingresos durante los primeros meses del gobierno de Macri alcanza los $281.106 millones (USD 19.383 millones). Al comparar el monto de la transferencia con el presupuesto anual para 2016 de la Administración Pública Nacional, la transferencia de ingresos es un 75% superior al monto anual destinado a Obras Públicas, supera en un 130% el presupuesto nacional destinado a Educación y Cultura (destinado principalmente a financiar el funcionamiento de las Universidades Nacionales) y equivale a 9 veces el presupuesto en Vivienda.

El siguiente gráfico compara el monto de la transferencia con el Presupuesto anual para 2016 de la Administración Pública Nacional.

jueves, 23 de junio de 2016

Notas sobre el desarrollo humano para AL - parte 1





El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó recientemente un “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso”. Informe que se hizo a partir de los análisis de mediciones cuantitativas en 18 países de la región, contemplando datos desde 1990 hasta la actualidad.
¿Que implica hablar de progreso multidimensional? Se plantea que como punto de partida para entender el desarrollo humano se deberá atender no sólo la riqueza material sino también la riqueza de la vida humana; esto es dar un salto cualitativo atendiendo a las nociones de “buen vivir” y “vivir bien”.  De este modo, apartir de esta concepción, se pasa de mediciones basadas únicamente en el ingreso a analizar múltiples indicadores sociales, laborales y ambientales, los cuales no tienen únicamente un valor estadístico sino que también tiene valor en lo que refiere a la definición de la política pública. El progreso multidimensional, supone, entre otros objetivos, garantizar sistemas de protección social a lo largo del ciclo de vida de las personas, elevar los estándares laborales de los trabajadores, mejorar la calidad de los servicios sociales, expandir el acceso a sistemas de cuidados de niños y niñas y de adultos mayores, garantizar la igualdad de género dentro y fuera del hogar, reconocer los derechos multiculturales y plurinacionales de los pueblos y las comunidades, mejorar la seguridad ciudadana dentro y fuera de la comunidad, proteger el medio ambiente, asegurar el acceso a la energía renovable y fortalecer la resiliencia ante desastres naturales.  Nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso.

Con este fin se han estudiado casos concretos de políticas públicas en la región, analizado los retos que las instituciones nacionales y locales enfrentan, estudiando sus éxitos y comprendido las barreras y restricciones que limitan una mayor integración (…) Los logros sociales alcanzados en América Latina y el Caribe son superiores a los esperados según su nivel de ingreso per cápita (…) El siguiente gráfico confirma que los avances sociales no dependen solo del crecimiento económico de la región (…) 


























Los indicadores que se sitúan por fuera del círculo son aquellos en cuyo caso se observa un desempeño mejor que el esperado según el nivel de ingreso nacional bruto per cápita de la región, mientras que los indicadores que se sitúan dentro del círculo son aquellos en cuyo caso el desempeño es menor que el esperado. Estos cambios no son producto del laissez faire, sino que constituyen el fruto de la implementación de políticas públicas que moldearon tanto el patrón de crecimiento económico (el ingreso), como los logros sociales, laborales y educativos específicos alcanzados por la población (más allá del ingreso).

Por otro lado, en consonancia, la evolución de la pirámide de ingresos en el período comprendido de 2003 a 2013 permite observar que el 49% de la población experimentó una transición ascendente durante dicho período, mientras cerca de un 13% experimentó movilidad descendente.  Entre 2003 y 2013 en la región, 72 millones de personas salieron de la pobreza y 94 millones ingresaron en la clase media. La reducción de la incidencia de la pobreza en la última década condujo a una concentración de la población regional en la parte media de la pirámide de ingresos.


La distribución de los grupos de ingreso es heterogénea en los distintos países. Mientras que en Costa Rica y algunos países del Cono Sur la proporción de personas de clase media asciende a casi la mitad de la población, en algunos países de América Central dicha proporción es inferior al 11%



















Desde 2003 a 2013, del 49,6% al 65,4% de la población regional experimentó una mejora económica y sólo de 0,5 al 3,6% experimentó movimientos descendentes. Argentina, es de los países que mejor está en la región desde esta lógica. Claro está, que entre 2003 y 2015 Argentina no resolvió en su totalidad el problema de la pobreza, Lo que si se hizo fue mejorar esta situación. Pasó de una distribución social en 2003 de 35% de pobres, 30% de vulnerables y menos de un 30% de clase media a un cuadro de mayor equilibrio en 2014 con un 15% de pobres, un 35% de vulnerables y casi la mitad de la población en la clase media. 


























Las mejoras en la región y en Argentina, son el fruto políticas públicas que a pesar de no resolver el problema en su totalidad, muestran resultados positivos y evoluciones favorables; y si bien desde la crisis de 2009 en adelante estas políticas empezaron a ser menos efectivas, en términos generales las mismas supieron ser amortizadoras del escenario de crisis mundial. Asimismo se sostiene que la mayor amenaza de la región hacía el progreso multidimensional, es la recaída de millones de hogares en la pobreza. Se estima que podría afectar a entre 25 y 30 millones de personas en contextos de fragilidad y vulnerabilidad económica. 

En nuestro país las políticas impulsadas por el actual presidente realzan  esas amenazas. Desde su asunción más de un millón de personas han caído en la pobreza. A su vez, se ha dado el proceso redistributivo negativo más grande de los últimos años, incluso se eliminó puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Las políticas impulsada por Macri, impactan directamente en los sectores más bajos porque, desde su asunción,  la puja distributiva ha sido favorable para los sectores más poderosos: la ley de blanqueo de capitales, las reformas en el sistema jubilatorio, las quita de retenciones a sectores mineros y agroexportador, entre otras.

Para finalizar, en síntesis, podemos decir que según este informe es concluyente que la pobreza sigue siendo un problema en nuestra región debido a que aún no hemos cubierto todas las variables que la configuran; lo que debemos hacer es seguir cubriendo las variables. No obstante, los logros alcanzados durante el período 2003-2013, una importante proporción de la población no salió de la pobreza, y otra proporción experimentó movilidad descendente desde la vulnerabilidad y la clase media.


























A futuro Argentina y la región de América Latina y el Caribe requieren de un enfoque renovado en materia de políticas públicas para hacer frente a los desafíos actuales, así como para sostener, solidificar y dar continuidad a los logros hasta ahora alcanzados en términos de bienestar. Entre los principales desafíos destacan la reducida inclusión productiva, la regresividad de muchos sistemas fiscales, la deficiente calidad educativa, la segmentación de los sistemas de protección social y la ausencia de sistemas de cuidados.

Link al informe

viernes, 17 de junio de 2016

1940, La nación encadenada

El país tiene emboscada una “quinta columna”. La nación se halla a merced del capital extranjero que opera en nuestro territorio y cuya gravitación es lo suficientemente poderosa como para hacer entrar en crisis, vulnerar, mediatizar a la soberanía nacional. Es urgente golpear con recios aldabonazos en la conciencia pública, para que despierte a la realidad y se haga cargo del peligro. Es preciso arrojar luz a raudales sobre las maquinaciones que están consumando el total enfeudamiento de la economía, la enajenación completa de la riqueza pública.
La culpa no es de los que nos compran, sino de los que nos venden. Están enajenando lo inalienable, la independencia económica de la nación, que no puede ser objeto de transacciones de ningún género. Hoy la nación está encadenada y uncida al carro de consorcios financieros que responden a los designios de Estado de potencias extranjeras. La responsabilidad recae íntegramente sobre los entregadores que tiene el país.
Hay que hacerles ver el crimen que están cometiendo. Sacudirlos de pies a cabeza. Exhibirles públicamente su extravío inaudito. No es tarea fácil. Estos saboteadores de la nación, pasan inadvertidos por la propia importancia de sus cargos. Pero trabajan como los topos, en el subsuelo de los poderes públicos y de la alta burocracia. Sus madrigueras están en los expedientes donde se incuba una concesión petrolera o un reglamento de servicio público o la formación de una comisión asesora o un convenio de explotación mixta. Allí realizan su tarea demoledora estos roedores de la soberanía nacional.
El asiento de los tres poderes del Estado y el sistema administrativo en sus diversas reparticiones autónomas, departamentos, direcciones reparticiones generales, juntas, asesorías y todo aquello que tenga algo que ver con la economía del país, están minados, trabados, desnaturalizados en sus funciones por una fuerza oculta. Como en el mundo de las especies, está de los entregadores tiene su peculiar mimetismo para defenderse de la vindicta pública.
Se disimulan bajo formas y colores más diversos. Son directores, vocales de comisiones económicas, jueces “ad hoc” de tribunales arbitrales, asesores técnicos, especialistas en esto o aquello, abogados, ingenieros, geólogos, profesores universitarios, magistrados, parlamentarios, caudillos políticos.
En una u otra esfera, en una u otra condición, por banalidad, por codicia, por ambición, por vanidad, por corrupción moral, por displicencia por comodidad, por ignorancia, por miopía, por miedo o po estupidez, una porción de hombres en cuyas manos está de la defensa de los intereses supremos del pueblo argentino, se hallan al servicio del capital extranjero, de la piratería internacional, del imperialismo inglés, alemán, americano o japonés.
El “modus operandi” de su penetración es viejo como los tiempos homéricos: introducir el caballo troyano en la plaza, para que abran por dentro las puertas de la invasión. El dinero es la fuerza que por lo general los empuja y el soborno, la palanca. El dinero, que no ha de ser siempre en moneda contante y sonante, ni pagado en mano propia, sino también en forma de providenciales facilidades para hacer carrera o prosperar en la profesión. El soborno, que no ha de ser obligadamente la grosera transacción del toma y daca, sino también el fluido enervante que va adormeciendo las conciencias en la atmósfera de las distinciones y halagos personales, de los clubs elegantes, de las mesas bien tendidas.
De todo esto sale la nación encadenada, la soberanía avasallada. Seguimos teniendo una bandera –linda enseña azul y blanca que ha flameado siempre con honor y gloria, como que es símbolo de libertad y de justicia–, pero de ella se está haciendo “mantel para la merienda” y emblema que cubre la mercancía. Seguimos teniendo la bandera, pero a muchos argentinos nos asalta la duda angustiosa de si ella simboliza todavía, como cuando nos la enfrentaron los hombres de Mayo, a una patria libre e independiente de la antigua metrópoli española y “de otra dependencia extranjera”.
Estamos invadidos. Sufrimos la ocupación de ejércitos extranjeros mucho más temibles que los que mandan los generales con cañones y miles de soldados. Es el ejercito invisible de la penetración  pacífica, que invade al mando de gerentes de compañías financieras; que no necesita tropa porque la recluta en nuestro propio suelo y que no ataca con cañones, sino con el arma mucho más poderosa del dinero. A un cañón es fácil oponerle otro cañón, pero no tan oponer al dinero una conciencia honrada.
Sufrimos una doble invasión: La visible del imperialismo político de Alemania y la invisible del imperialismo económico de Inglaterra. De la primera ya están advertidos el pueblo y el gobierno; a la segunda el pueblo no le ha visto bien todavía y el gobierno no quiere verla. Y, sin embargo, es evidente que han caído en manos del invasor los baluartes más importantes, desde donde las naciones defienden su independencia. Hay que reconquistar los perdidos y salvar a los que aún están en nuestro poder.
Ya el capital extranjero se ha apoderado de la producción de las carnes, con los frigoríficos ingleses y norteamericanos; de los cereales, con la red de elevadores de granos y con el control de la exportación por empresarios conocidos; del tráfico de toda la República, inclusive la Capital Federal, con los ferrocarriles y la coordinación de transportes en poder de los ingleses; de la energía eléctrica en manos de la Sofina; de los teléfonos, propiedad del “trust” de la I.T.T., movilizado actualmente para arrancar nuevas concesiones leoninas, con complicidades que se han denunciado; el gas, dominio inglés a punto de caducar por expiración de término, y que por la desvalorización que ha sufrido el producto, tal vez los señores de esta industria no dejen recuperar.
¿Qué nos queda a los argentinos? El petróleo –Se podrá responder defendido por Y.P.F., la obra más grande que haya logrado hasta ahora el esfuerzo y la técnica del país. ¡Ilusiones! El petróleo, por el que desde hace un cuarto de siglo luchan a muerte las potencias del mundo, está por entregarse también al capital extranjero. ¿Qué nos dejaran? ¿La riqueza todavía inexplotada de la energía hidroeléctrica? Ya parece que se dan los primeros pasos para caer sobre ella. ¡Si hasta el monopolio del tráfico aéreo están en los cálculos del invasor extranjero!
¡Estamos invadidos” Hay que formar milicias cívicas para expulsar al invasor. Pero antes habremos de sanear la retaguardia. Limpiarla de entregadores. Destruir la quinta columna.

Julio V. Gonzáles en Nacionalización del petróleo, Edit. El Ateneo

lunes, 13 de junio de 2016

Zona Política 13.06.16: Seis meses de Macri - Andrés Daín - Orestes Lucero

parte 1    

parte 2    

Notas sobre el macrismo. Entre la continuidad y la ruptura.





Si la política es la lucha por el sentido de las palabras y el trazado de fronteras simbólicas, el macrismo puede ser leído como un intento (aunque tan sólo sea momentáneamente) exitoso por triunfar en tal disputa. Dicho de otro modo, las discusiones de coyuntura se estructuran en buena medida en los términos que el gobierno propone, e incluso aquellas que pueden resultarle incómodas obtienen un desenlace que no lo afecta de manera profunda (una suerte de ateflonamiento político). Eso es lo que permite comenzar a explicar el sostenimiento (aunque lenta y progresivamente descendente) de los altos indicadores de popularidad e imagen positiva de los que goza el Presidente y su gestión en un marco de evidentes medidas antipopulares (aumento de tarifas, despidos, pérdida del poder adquisitivo) y con una economía que no repunta (inflación, caída de la productividad, disminución del consumo). Tal desdoble se vuelve posible porque el discurso oficial ha sido sumamente eficaz en fijar el significado de algunas prácticas y en tornar creíbles sus medidas a partir de ciertos recursos que estaban disponibles en el ambiente de forma previa (la apelación exitosa a la pesada herencia para justificar políticas públicas regresivas se inscriben en este triunfo). Veámoslo un poco más en detalle.       
Cumplidos los primeros seis meses de gobierno, Mauricio Macri y sus funcionarios no han cesado de trazar y enfatizar una frontera que les permita distinguirse del resto de las identidades colectivas presentes en el escenario político argentino. Esta tarea, imprescindible en términos estratégicos-discursivos, ha tendido a ubicar del otro lado, al pasado reciente de la última década, signándolo fundamentalmente a la corrupción, el despilfarro y la mentira. Así, opera una doble afectación sobre la construcción que se efectúa de los años kirchneristas, por un lado se invalida tout-court todo lo vinculado a ellos por estar contaminado de dichos disvalores y por otro, simultáneamente, se produce un borramiento de la politicidad de ese proceso reduciéndolo a su dimensión moral. Es decir, las referencias a la corrupción y los desmanejos de la órbita estatal de los gobiernos anteriores impiden desarrollar cualquier debate quedando el espacio configurado entre los buenos y honestos por un lado y los corruptos, inmorales del otro. Esta frontera así definida evidencia dos cuestiones. Primero, el “Todos Juntos” que se replica incesantemente en sus espacios publicitarios e intervenciones públicas, encuentra allí un límite, el kirchnerismo y, por lo tanto, ese “Todos Juntos” es siempre excluyente. Es “Todos Juntos” menos los kirchneristas, ahora reducidos a su supuesta inmoralidad. Y segundo, el “Todos Juntos” también pretende configurarse como una construcción despolitizada, despartidizada y superadora de los conflictos, ya que desplaza la discusión a sus aspectos éticos en donde hay “un sólo camino correcto para hacer las cosas” (he allí su dimensión conservadora).
Ahora bien, que Cambiemos haya sido capaz que reconfigurar los términos de la discusión política nacional, reintroduciendo y reduciéndola a su dimensión moral, nos conduce inevitablemente a plantearnos algunas cuestiones, especialmente si tenemos en cuentas la facilidad con la que ha avanzado en esa dirección. Cabe suponer que la novedad ofrecida por la retórica macrista tal vez no sea tan novedosa. En diversos análisis se ha hecho énfasis en lo rupturista que resulta el discurso macrista en relación al discurso kirchnerista vigente en los años anteriores, incorporando nuevas palabras (el énfasis puesto en la libertad, en los talentos individuales, en los valores morales, en la confianza), eliminando otras que eran centrales (ya no se habla de igualdad, de redistribución de la riqueza, del Estado como impulsor de derechos), otorgándole centralidad a actores y reduciéndosela a otros, etc. Si bien no podemos más que compartir tal percepción, creemos que el macrismo tiene mucho menos de novedoso de lo que a primera vista puede suponerse en tanto articula y da forma a un conjunto de demandas y tradiciones que coexistieron con el kirchnerismo y permanecieron ancladas profundamente (especialmente a nivel subnacional) a pesar de la “década ganada” en el imaginario de buena parte de la ciudadanía argentina. En otras palabras, el supuesto triunfo (cultural/político) del kirchnerismo y su retórica nac&pop preocupada por la igualdad no caló tan profundo, resultando ciertas capas sociales impermeables a tal discurso y posibilitando el desenlace electoral de octubre y noviembre pasados. Así, el modo en que el macrismo ve la sociedad no es solo un producto de los laboratorios duranbarbeanos sino más bien la expresión de una forma de pensar ya disponible desde mucho tiempo antes en nuestro país. La concepción del país como un compendio de individualidades creativas a la espera de oportunidades, del Estado solo como un generador de condiciones objetivas para que los agentes privados inviertan en marcos de libertad, de las instituciones como ámbitos modernos y neutrales en donde las diferencias se gestionan amablemente y un mundo en el que si cada uno se esfuerza por hacer su parte los beneficios llegarán; todas esas ideas se mantuvieron vigentes durante el kirchnerismo siendo un núcleo duro que tres gestiones continuadas de gobierno no pudieron horadar. Todo ello, se puede hallar a lo largo de episodios puntuales de los últimos años, aunque con pequeños desplazamientos y contaminaciones, estando ya presentes en algunos reclamos de las jornadas decembrinas de 2001, que reaparecieron de manera notoria en los meses en que duró el conflicto con el “campo”, que se hicieron visibles en el 2013 con los cacerolazos en contra de Cristina Fernández y cuyo corolario fue el triunfo de Cambiemos hace medio año. En todos estos momentos subyacen modos de subjetivación compartidos, permeados por el emprendedorismo individualista y el éxito como consecuencia del esfuerzo personal, que entiende al Estado como un estorbo para tal desarrollo (que nos oprime con impuestos excesivos que no vuelven en mejores servicios sino que por el contrario solo sirven para aumentar la “caja” de la clase política). Ese rechazo propio de la retórica antipolítica, se complementa con una apelación a cuestiones como la honestidad, el decir la verdad (otra de las frases que Macri repite diariamente) que repercuten en generación de confianza, que son las condiciones necesarias y suficientes para que, cual si fueran pasos lógicos, las inversiones lleguen y se genere “trabajo genuino”. Una vez más la primacía de la ética sobre la política se hace presente. En tanto “hay un solo camino correcto” es irracional resistirse. Insistimos, no hay una novedad en el nuevo discurso oficial sino una apropiación de esos elementos nunca olvidados. 
Por otra parte, que el macrismo retome demandas insatisfechas ya disponibles desde hace tiempo en la sociedad no implica que los efectos del discurso kirchnerista puedan ser borrados completamente. Aunque mucho más frágiles de lo que nos gustaría, el gobierno no puede desembarazarse de manera absoluta (aunque lo intente) de los sentidos construidos durante las presidencias anteriores. Si bien, como ya pusimos de manifiesto, la retórica de la igualdad es reemplazada por la de la libertad, el Estado es corrido del lugar en que se lo situaba y la palabra derechos queda ahora excluida de las intervenciones oficiales, algunos significantes caros al ideario kirchnerista o al menos cercanos a él siguen siendo utilizados por la nueva gestión. El primer síntoma de ello fue que Cambiemos sólo logró superar su techo electoral y ganar las elecciones una vez que moderó sus posturas y reconoció que “había cosas buenas que se van a mantener” (notese la despolitización en el modo en que se enuncia tal reconocimiento). Más acá en el tiempo, es particularmente gráfico el caso del proyecto de “Reparación histórica para jubilados y pensionados”, cuya misma nominación pareciera inscribirse en la matriz de restitución de derechos propia de la etapa kirchnerista. Incluso el día de su anuncio el Presidente legitimó tal proyecto en base a la necesidad de mayor equidad e inclusión y lo presentó como un acto de justicia. Más allá de la reales intensiones de gobierno (fuertemente cuestionables), que se haya visto en la necesidad de justificar la decisión en estos términos (y no en otros) puede ser interpretado como un dato no menor que da cuenta de algunos condicionantes dejados por el kirchnerismo en términos de conquistas sociales y de la dificultad de borrar acabadamente su huella. Vale decir, sin embargo, que las nociones mencionadas reaparecen en el discurso presidencial atravesadas por la noción de sustentabilidad. Es decir, reintroduce un criterio empresarial que limita la búsqueda de justicia y equidad que antes se encontraba incondicionada. Quizás sea en esas grietas en donde todavía subsisten resabios de épocas pasadas en donde haya que insistir para evitar su clausura y una potencial subversión del discurso M.
En síntesis, el discurso macrista hasta ahora ha sido verosímil para una porción relevante de la ciudadanía al recuperar reclamos que se encontraban disponibles y fijando el sentido de ciertas prácticas. Sin embargo, tal situación lejos está de ser estable o definitiva. Los pisos (en términos de derechos conquistados y en la centralidad de algunos significantes) dejados por el kirchnerismo pueden ser un problema para el macrismo sino los rearticula al interior de su propuesta política en el mediano plazo.                    

martes, 7 de junio de 2016

La zanahoria del segundo semestre





“(…) para que la economía argentina pueda crecer sostenidamente, es indispensable desarrollar ventajas competitivas dinámicas, que descansen en la acumulación y desarrollo social de conocimientos, y permitan apuntalar la competitividad de los sectores de mayor valor agregado como generadores de divisas. Para esto es esencial repensar qué entramado de políticas pueden conducir a una estructura productiva más compleja, donde intervengan una heterogeneidad de sectores con alta capacidad tecnológica que permitan el desarrollo del sistema económico y eviten que el mismo caiga periódicamente en crisis”. Javier Lewkowicz - Página 12: 06/06/2016

A modo de amortiguar el impacto de la devaluación, los tarifazos, los despedidos y tantas otras medidas durante los primeros meses del gobierno, el oficialismo se refugia en la promesa de un auspicioso segundo semestre, en el que no sólo llegarían inversiones por doquier, también se generaría empleo.
Repasemos algunos datos de inflación:
El IPC de Ciudad fue de 6,5% en abril (el mayor en 14 años)
La inflación de abril fue de 7,1%
Los Alquileres subieron en promedio 32% en el GBA durante marzo
El kilo de pan llegó a $40, aumentó 25%.
Si bien Macri llegó al poder criticando los niveles de inflación del kirchnerismo hoy la meta de Cambiemos respecto a la inflación es llevarla 2% mensual, niveles similares a los de 2015. La inflación no dejó de ser un problema tras el arribo de Macri a la Casa Rosada, todo lo contrario.
En este marco el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha confirmado el esquema de metas de inflación como guía rectora de su política monetaria. Lamentablemente con niveles de tasas pasivas altas como las actuales, o aún si fueran bastante menores de las que convalida el BCRA en pos de sus objetivos monetarios y de mantener al dólar, nos conducen a una absorción permanente de liquidez, esta política monetaria contractiva en nada beneficia a las perspectivas de reactivación económica para los próximos meses e impacta en forma negativa sobre la situación social, tal como lo refleja el creciente temor por el desempleo que se suma a la preocupación generalizada por la inflación que es tan palpable para la sociedad, tanto como el enflaquecimiento de sus bolsillos (*). El gobierno busca reducir la inflación, afectando al consumo. Siendo este uno de los aspectos fundamentales para el crecimiento de cualquier economía. Gobernar con metas de inflación implica subordinar el resto de las variables a ese objetivo: nivel de actividad, distribución del ingreso, salario real, empleo, gasto público, inversión, etc. Y al final del ciclo, nada nuevo, los pobres no serán menos pobres y los ricos sí serán más ricos.
A continuación repasaremos las principales paritarias:
- El salario mínimo vital y móvil aumenta 33% en 3 tramos, en enero de 2017 terminará en $8.060 con un aumento total de $2.000 y que implica un incremento del 33%
- Los trabajadores estatales acordaron un aumento salarial de 31% en tres tramos
Docentes universitarios cerraron paritaria con suba del 35% en 4 tramos por 9 meses
En ninguno de estos casos la puja salarial alcanzó las cifras de la inflación. Lo que confirma la pérdida de poder adquisitivo. Sumado a que los aumentos de los salarios se dieron de forma escalonada y la suba de los servicios se hizo de un solo saque.

Dejando la inflación, y adentrándonos en los que refiere  a desempleo, caben algunas reflexiones previas. Desde Cambiemos, durante la campaña se prometió no aplicar políticas de despidos sistemáticas, luego en el poder esto se llevo a cabo bajo la figura discursiva del “ñoqui”. Se destruyó una gran cantidad empleo genuino. El ejemplo más cercano son las políticas del plan de vacunación, recientemente suspendido. ANSES tramita 12 veces más solicitudes de seguros de desempleo (prestación que se abona a toda persona que se encuentra sin empleo)  que en 2015, en la región capital. Los problemas de desempleo se profundizan por las subas abruptas de los servicios y a través de la apertura de importaciones. Los rubros que más despidos están teniendo revelan que la razón de fondo es la brusca caída en el consumo. Esto se replica en otros sectores también, la actividad manufacturera sufre las consecuencias del enfriamiento de la economía (…) la producción industrial cayó en la Argentina un 6,1% en abril y acumuló así una baja del 2,1% en el primer cuatrimestre de 2016, respecto a 2015. La producción de acero crudo de Argentina cayó un 16,9% interanual en abril al totalizar 319.100 toneladas. Los sectores industriales pymes santafesinos preocupados por la suba del gas de más de 1.000% y hasta 1.600% en abril que se suma al fuerte impacto que les trajo la suba de la luz, el crecimiento de las importaciones fruto de la apertura económica que encaró el gobierno nacional en un contexto de recesión económica.

Ahora bien, dejemos atrás los sectores económicos golpeados por las políticas actuales, y nos concentraremos en aquellos que se vieron favorecidos. En el agro, por primera vez en 17 años, las exportaciones primarias superan a las fabriles. La orientación de la política económica está produciendo que la industria manufacturera se rezague y ubica al sector rural en un lugar privilegiado. En marzo, las exportaciones del complejo agropecuario por U$S 1.305 millones superaron a las industriales U$S 1.250 millones (M), por primera vez desde marzo de 1999. Mientras trigo, maíz y oleaginosas son los que más crecen, plásticos, maquinaria, autos y productos de economías regionales como lácteos son los de peor retroceso.  La devaluación del 50% y la eliminación de retenciones –o reducción a la soja- llevaron al impulso de las actividades agropecuarias vinculadas a cereales y soja a la vez que el sector manufacturero generador de mayor valor agregado no logra mantener el ritmo anterior por el aumento de costos y el privilegio a la valorización financiera sobre la producción industrial.
   


(*) (Consultora Sur o Sur - La inflación no se desacelera… En Argentina los precios se descuidaron por Hernán Lorenzino, Martín Di Bella y Fernando Alvarez)

Imagen de gobierno y principales demandas





El macrismo tiene un alto nivel de imagen positiva, en decadencia, pero sigue siendo alto. La caída es considerada lenta si tenemos en cuenta el contexto de medidas antipopulares y el pésimo diagnóstico que tiene la situación económica en general. El dato de que la situación económica ha empeorado es el protagonismo del desempleo. Ahora, si bien hay una percepción de que la situación económica del país es mala, su lectura pareciera disociada de la evolución de la imagen del presidente. No hay una correlación fuerte entre la imagen de Macri y la percepción de la situación del país. Esto es posible, hipotetizamos, porque está haciendo mella la hipótesis de la pesada herencia. 
Probablemente el paso del tiempo, progresiva e inexorablemente, vuelva a juntar estas dos cosas que hoy están separadas: el gobierno y su responsabilidad sobre la situación económica. En ese sentido, el discurso de la pesada herencia, en un futuro, puede pasar de ser una justificación a representarse como una burda excusa. Que hoy funcione no significa que su sentido esté fijo, muy por el contrario, éste es disputable. 
Otro dato es que la imagen de gestión y la imagen del presidente están también disociadas. La gestión se mantiene en niveles de aprobación más elevados que la imagen, unos 10 puntos por arriba, y registra menos caídas longitudinales. Probablemente hay que dejar de pensar el gobierno de Macri como un unipersonal. Comprender que no estamos hablando de un puro movimiento sostenido por un liderazgo sino del gobierno de una coalición política. Esto es algo de lo que debiera tomar nota el discurso de opositor.

1. Imagen de Macri

Los números de Macri muestran caídas de diciembre hasta aquí. Sus números positivos descendieron y los negativos crecieron de forma sostenida. En febrero, un 45% se consideraba oficialista, contra un 35% que se ubicaba como opositor. Ahora, la relación se invirtió: 48% se manifiesta opositor y sólo el 35% dice ser oficialista. En abril en la zona de AMBA, luego de los Panama papers, el gobierno enfrentó el punto de apoyo más bajo desde que asumió. Hoy su aprobación está en 37 puntos, mientras la desaprobación en 51. Los indicadores de confianza en lenta pero continuo descenso.
Analizaremos la imagen del gobierno nacional, tomando dos encuestas llevadas a cabo en el mes de Mayo. Una de las encuestas, fue realizada en el área de AMBA y las principales ciudades del interior del país, con un total de 1684 casos y un error muestral de +/- 2,44. La otra, fue realizada en la Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana, con un total de 1413 casos y un error muestral de +/-3,5


Siguiendo la evolución de los números de la encuesta en CABA Macri en imagen positiva de 56% en Diciembre del 2015 pasó al 41% en Mayo de 2016. Mientras en la nacional la imagen del gobierno de Macri posee un 40% de valoración positiva y un 38% de negativa. Habiendo registrado en Marzo 48% de opinión favorable y un 32% adversa. Es decir, se mantiene la lógica de una evolución negativa. 
A nivel nacional, entre los mayores de más de 65 el 30% considera Buena la imagen del gobierno, y un 24,2% lo considera Muy Bueno. Lo que muestra una gran aceptación. Mientras que para el rango etario de 30 a 49, la percepción de Muy Malo alcanza el 34%. Nótese que existen diferencias muy marcadas en las percepciones de acuerdo a la edad. Dentro del rango etario de 16 a 29, un 24% percibe como Muy Mala la imagen del gobierno. 

2. Principales problemáticas 


El descontento con la gestión se va consolidando en la falta de soluciones respecto al problema inflacionario y la problemática del desempleo. Si bien la inflación, también es vista como una falencia del gobierno anterior (de acuerdo al trabajo nacional). Lo cierto es que con el transcurso del mandato es cada vez más responsabilidad del oficialismo. Desde Marzo a Mayo la responsabilidad del gobierno de Macri sobre la inflación ha ascendido del 21% al 31%.Respecto a la situación económica, según el trabajo en CABA, un 63% percibe como mala la situación económica del país y un 36% como buena.
Para el 46% de los mayores de 60 años los principales problemas son la inseguridad y la corrupción. Dejando relegado al desempleo con un 9%, puede entender que es una franja etaria a la que no le afecta de manera directa la agenda que instala la ola de despidos. En este sentido es interesante tomar nota que la Ley anti-despidos tuvo apoyos del 48% a nivel nacional y 53% en CABA, lo que a posteriori puede garantizar la continuidad del descenso en imagen del presidente y de aprobación del gobierno, junto con los tarifazos. Frente a esto, cabe decir que el hecho que la mitad de la población sea indiferente o rechace una medida como la Ley Antidespidos evidencia cierta naturalización del problema del empleo por parte de casi la mitad de la población electoralmente activa. Probablemente este sector de la sociedad ubica a esa agenda como un asunto propio de la evolución del mercado, y no como una decisión política del gobierno.

jueves, 2 de junio de 2016

En tres pasos: emergencia, liquidación, reforma. Un comentario sobre el proyecto de ley de “reparación histórica” + “blanqueo”

Por: Horacio Javier Etchichury

El proyecto, presentado como Mensaje 724 del Poder Ejecutivo Nacional el 31 de mayo de 2016, declara la “emergencia en litigiosidad previsional”, establece un blanqueo impositivo (denominado “Sinceramiento Fiscal”) y autoriza a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional. El objetivo declarado es pagar (aunque de modo restringido y discriminatorio) los reclamos por movilidad presente y pasada de los haberes jubilatorios. Además, el proyecto crea una pensión subsidiaria y lanza una nueva reforma previsional. 1. Emergencia. Dura 3 años, que el Presidente puede prorrogar por otros 3 (art. 2). Bajo el nombre de “Programa de Reparación Histórica”, se establece un plan de pagos para los reclamos por falta de movilidad jubilatoria y diferencias en el cálculo del haber inicial (arts. 5 a 9). Los montos, actualizados según índices de variación de salarios, se pagarán en efectivo: 50% en un pago y el resto en 12 cuotas trimestrales, es decir, en 3 años (art. 6). Sin embargo, la movilidad retroactiva estará limitada (art. 5) por los topes y máximos que fijó la menemista ley 24.463 de “Solidaridad Previsional” (1995). El proyecto define tres grupos que reciben un trato desigual: 1) Quienes iniciaron juicio y tienen sentencia firme, reciben lo adeudado desde 2 años antes de notificada la demanda a ANSES hasta la actualidad. 2) Quienes iniciaron juicio y no tienen sentencia firme: se paga un máximo de 4 años de retroactividad. 3) Quienes no iniciaron juicio: sólo tienen actualización desde que solicitan incorporarse al programa. No hay justificativos para este trato diferenciado. En lugar de atender al derecho constitucional a la movilidad (CN, art. 14 bis) que se vio vulnerado en todos los casos, con o sin juicio, se premia o castiga según la marcha de un proceso. Tener sentencia no depende exclusivamente de la persona solicitante, sino en gran medida del funcionamiento de los tribunales, de las garantías al derecho de acceso a la justicia y de la conducta procesal del Estado (precisamente, el deudor). Por ser un tratamiento desigual sin fundamentos razonables, resulta discriminatorio (CN, 28). 2. Liquidación y mayoría calificada. Para pagar los montos por movilidad retroactiva, el proyecto autoriza (art. 26) la liquidación de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado por Decreto 897/2007, que incluyen acciones en distintas empresas. Precisamente en su editorial del 01 Jun 2016, el diario La Nación elogia la decisión del Gobierno de vender esas participaciones, porque “el interés público puede no coincidir con el de cada empresa y sus accionistas”. Se trata, añade el diario, de “un paso conveniente para clarificar el rol del Estado y mejorar la liquidez y el atractivo del mercado”. El proyecto deroga (art. 33) la ley 27.181, que exige al Congreso una mayoría calificada (dos tercios) para poder vender los activos del Fondo. Cabe preguntarse si ahora pueden liquidarse esos bienes por mayoría simple. Es que la vigencia de la ley 27.181 (desde septiembre pasado) generó un “derecho adquirido” del Sistema Integrado Previsional Argentino, que -según art. 5 del decreto 897/2007- es a quien pertenece exclusivamente el conjunto de bienes del FGS. El SIPA adquirió, con la ley 27.181, un derecho a que sus bienes sean enajenados con determinada mayoría en el Congreso. Una nueva ley no podría alterar ni derogar ese derecho adquirido. Por otra parte, no parece haberse explorado ninguna alternativa que evite la liquidación del Fondo; según el art. 2 del PDESC, el Estado debe utilizar el máximo de los recursos disponibles (todos) para garantizar los derechos. Cabe preguntarse si no existen otros recursos además del FGS para ser destinados al pago de estas obligaciones. El FGS deberá, además, “readecuar sus inversiones” según nuevas pautas que fija el proyecto; entre otros cambios, se elimina la actual prohibición de comprar acciones de compañías de seguros y se abre la posibilidad de destinar fondos a proyectos “inmobiliarios” (arts. 27 a 29). 3. Reforma. Se crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional (art. 12), encargado de redactar el proyecto de una nueva ley en la materia. El nuevo régimen será “universal, integral, solidario y sustentable”. No hay referencia al carácter público o de reparto, ni se fija como objetivo el cumplimiento del derecho a la seguridad social (PDESC, art. 9). Tampoco se establece que -en virtud del principio de no regresividad (PDESC, art. 2)- el nuevo sistema no implicará recortes o regresiones, o postergación de la edad jubilatoria. Tampoco se establece quién integrará el Consejo que elaborará el proyecto. 4. Pensión por debajo del mínimo: discriminación por género y por origen nacional. El proyecto crea una Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima (art. 14). Permite acceder a las prestaciones del PAMI pero no da derecho a pensión para la pareja (arts. 15 y 17). Cabe preguntarse si puede ser suficiente para vivir un haber que está por debajo del mínimo, contradiciendo el art. 11 del PDESC, que garantiza el derecho a la alimentación, la vivienda y un nivel de vida adecuado. La contradicción es más visible porque el proyecto declara a la PUAM incompatible con cualquier otro plan social previsional de cualquier nivel (incluso internacional) y con el seguro de desempleo (arts. 13). Se requiere tener 65 años, sin distinción entre hombres y mujeres (art. 13). Esto resulta discriminatorio hacia la mujer, quien en realidad tiene derecho a jubilarse a partir de los 60 años. Debe pasar cinco años más que el hombre sin cobertura previsional para poder solicitar la PUAM. Mientras los argentinos nativos pueden acceder a la prestación apenas cumplen la edad, los ciudadanos naturalizados deben acreditar 10 años de residencia legal en el país; los extranjeros, 20 años. Esta discriminación por nacionalidad y origen nacional resulta incompatible con el art. 20 de la CN, que garantiza a los extranjeros (y por lo mismo, a los argentinos naturalizados) igualdad de derechos con los nativos. El sistema adoptado en el proyecto fomenta el trabajo de las personas mayores de 65 años. Quienes reciben la PUAM pueden tener empleo registrado; el proyecto no fija una edad laboral máxima. Los aportes van al sistema, hasta que se acreditan los años de aportes requeridos para poder acceder a la jubilación (art. 16). 5. “Sinceramiento Fiscal” sin repatriación. Bajo este nombre, el proyecto regula un blanqueo de activos no declarados, liberando de toda acción civil o penal tributaria (art. 44). Se fija un impuesto especial sobre esos bienes, que se destinará a afrontar los pagos de juicios (arts. 39 y 49). No se paga impuesto si los bienes equivalen a menos de $305.000; si exceden los $800.000, se aplica un 10-15%, aunque puede cancelarse con bonos Global 17 y Bonar 17 (art. 36). Cualquiera sea el monto blanqueado, es posible eximirse del impuesto si se compran títulos públicos en dólares (art. 40). No hay obligación de traer al país los fondos y valores blanqueados que están en el exterior (art. 36). También se permite el blanqueo de deudas tributarias en materia de seguridad social (art. 50), lo que resulta contradictorio con el objetivo de acercar recursos al sistema previsional. El proyecto elimina impuestos a la riqueza, como el impuesto a la ganancia mínima presunta y a los bienes personales (art. 75). En síntesis, el proyecto renuncia a encontrar fondos alternativos genuinos para atender a los pagos retroactivos. La reparación tiene límites temporales y se mantienen los topes fijados por la legislación menemista de 1995. Declarando una emergencia previsional, se habilita la liquidación del FGS para eliminar la incidencia del Estado en las empresas. No se respeta la mayoría calificada de 2/3 que el Congreso se fijó (según ley 27.181) como condición para autorizar las ventas. A la vez, se legitima el blanqueo para quienes no declararon bienes (e incluso para deudas con la seguridad social), además de eliminarse impuestos a la riqueza. Para intentar comprometer el apoyo de las provincias (y sus representantes en el Congreso), el proyecto ratifica los acuerdos por devolución (escalonada en el tiempo) de una parte de la coparticipación. Hay trato discriminatorio a los jubilados: más dinero se entrega a quienes lograron una sentencia, en lugar de atender al derecho vulnerado efectivamente en todos los casos similares. Iniciar un juicio no es requisito para ejercer un derecho, y conseguir una sentencia depende más del Estado que del solicitante. Se crea la PUAM, una prestación denominada “universal”, que sólo abarca a las personas mayores de 65 años que no estén jubiladas o pensionadas. El monto es un 20% inferior a la jubilación mínima y no se puede combinar con ningún otro plan social previsional. Al mismo tiempo se clausuran las moratorias y la posibilidad de inclusión. Todo esto fomenta el trabajo de mayores de 65 años: el proyecto lo acepta formalmente para que hagan aportes. Así da los primeros pasos para elevar la edad jubilatoria (en este caso, subiendo la edad de la mujer para acceder a la PUAM). Se lanza una nueva reforma jubilatoria, que será elaborada por un Consejo de composición desconocida. Tampoco se garantiza el carácter público y de reparto en el nuevo sistema. Anunciando el pago restringido y discriminatorio de una deuda, el Gobierno abre paso al blanqueo y a la liquidación del FGS. Entrega a cambio una pensión sub-alimentaria y subsidiaria, repartida según la nacionalidad de las personas. Encarga a un comité desconocido la creación de un nuevo sistema sobre bases distintas, partiendo de una ANSeS ya debilitada en sus recursos económicos. ¿Qué régimen vendrá? Un dato anecdótico: la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, en el reciente fallo “Deprati” (04 Feb 2016), que “en principio” no hay nada objetable en adoptar un sistema de capitalización individual, con intervención de compañías privadas. Córdoba, 01 Jun 2016.

Profesor Adjunto Facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba