lunes, 13 de julio de 2020

Córdoba en fase autárquica

El 29/06 la provincia de Córdoba ingresó en una fase de "Distanciamiento Social", distinta de AMBA que volvió a fase 1 ese mismo día. Nos gustaría reflexionar sobre la fase en la que se encuentra Córdoba y el modo en que se gestiona, tomando algunos hallazgos de nuestro último estudio cualitativo. 

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en línea con la OMS, las fases de administración del ASPO son cinco.



La primera es el "Aislamiento Estricto", el cual fue decretado el 20/03 (DNU 297/2020), y luego doblemente prorrogado en todo el país hasta el 11/04 inclusive. La fase 2, el "Aislamiento administrado", se diferencia de la anterior en que se autorizaron algunas actividades (DNU 355/20). El Jefe de Gabinete de Nación atendía los pedidos específicos de las provincias para la apertura de otras actividades, en determinadas regiones geográficas, y según circunstancias específicas. Durante esta etapa, que también tuvo su prórroga, tanto las prohibiciones como las autorizaciones corrieron a cuenta de la Nación. El 26/04, un nuevo Decreto (408/20) reconocía que en ese momento el 62% de los municipios del país no registraban casos de COVID-19 y sí el 38% donde se concentra el 47,4% de la población total. Por ello, se ingresaba a un período en el cual la diversidad de situaciones epidemiológicas requerían de respuestas focalizadas y locales, algo imposible de atender plenamente desde el aparato del Estado nacional.
Así comenzó la fase 3 de "Segmentación Geográfica", en la cual se deben respetar las prohibiciones nacionales pero las provincias pueden gestionar autónomamente autorizaciones de diferentes actividades. A primera vista, el rastreo geográfico de casos requerido en esta fase solo se puede cumplir con herramientas de monitoreo que controlen la situación por jurisdicción, fragmentando el territorio por criterios epidemiológicos. Visto de este modo, los escenarios son muy diversos. Por un lado, Capital Federal y GBA enfrentaron el desafío de sincronizar sus medidas, lo cual dejó a la vista las diferencias políticas, tanto o más que las desigualdades sociales de ambos territorios. Por otro lado, el resto de las provincias ingresaron en un régimen desacoplado del mensaje nacional, por lo que cobraron protagonismo las gestiones provinciales. La fase 4 (DNU 459/20, del 10/05) habla de autorizar hasta el 75% de movilidad en ciertos casos. En algunas provincias el pasaje de la fase 3 a la fase 4, la de "Reapertura progresiva" se dio de hecho, más allá de las denominaciones. Si miramos los datos de movilidad[1], podemos observar que efectivamente aumentó en todo el país a mediados de junio, siguiendo con una tendencia que viene desde principios de mayo. Esto sucedió no solo por desobediencia ciudadana (en general el grado de aceptación y adhesión a las medidas de combate a la pandemia permanece en niveles altos o muy altos, oscilantes entre 60 y 80%): sucede que también existe una inercia en las prácticas sociales que no es simple de calcular, menos aún de moderar.  Debemos reconocer que en la mayoría de las provincias la gestión del aislamiento y el control de la movilidad fue difícil de practicar una vez que se flexibilizaron algunas actividades. Además, frente a un escenario de pocos contagios y escasa circulación comunitaria, hacia mediados de junio se instaló un clima de "fin de cuarentena"; comenzaron a tomar fuerza relatos sobre la experiencia de confinamiento como si fuera cosa pasada y adquirieron protagonismo mediático diferentes expresiones en contra de la cuarentena, con fundamentos que van desde el testimonio hasta la pantomima.
Toda esta experiencia de tránsito por las fases enseña que cumplir con un régimen segmentado genera un abanico de vivencias y actitudes muy diversas dando lugar a todo, incluso al ridículo. En este período en el que el territorio nacional ingresó en este limbo entre fases sucedió un fuerte aumento de casos diarios y el retorno a fase 1 en el AMBA; lo mismo ocurrió en el Gran Resistencia. También, más recientemente, hubo aumentos de casos diarios significativos en otras provincias.


Gráficos de Rodrigo Quiroga (@rquiroga en twitter) que ilustran la cantidad de contagios nuevos desde el principio de la epidemia en Argentina (suavizados con promedios en 7 días) en distintas provincias argentinas. Con la excepción de Chaco, todas las provincias aquí ilustradas exhiben incrementos en la cantidad de contagios diarios en la última semana.

Esto refleja la interdependencia de los territorios provinciales dentro del país y la imposibilidad de establecer regímenes holgadamente independientes en lo respecta al control de la pandemia. Mientras haya superficies del territorio nacional, e inclusive internacional fronterizo, con altos niveles de contagios por circulación viral, ninguna provincia ingresará confiada a la "Nueva Normalidad", establecida como la fase 5, la última, la cual supone una convivencia con el virus, territorialmente más homogénea, con algunas medidas de cuidados sostenidas. 
Sin embargo, en la provincia de Córdoba, pese al aumento de la cantidad de brotes y casos de contagio, desde hace 2 semanas se vive en una fase denominada de "Distanciamiento Social", la cual fue instalada por algunos medios de comunicación como fase 5. Esta se organiza como una combinación de diferentes criterios de diferentes fases: se preservan criterios de restricciones locales y de segmentación epidemiológica, el tratamiento territorial no es homogéneo, como sugieren la fase 4 y la fase 3, y se toleran altos niveles de movilidad, que en algunos momentos y actividades supera el 75% del valor de referencia normal, incluso en la ciudad capital. Para la ciudadanía cordobesa, “distanciamiento social” significó “salida del aislamiento”, esta interpretación prestó a confusiones en la interpretación de la fase (además de que se informó como la 5) y justifica parte del aumento de la movilidad. Sin mostrar esfuerzos por clarificar la situación, el Gobierno impulsó una Ley (Ley 30673/20), recientemente aprobada por Legislatura provincial, que establece que todas las personas físicas o jurídicas que violen los Protocolos de Actuación, Disposiciones y Resoluciones del COE en Córdoba pueden ser sancionadas con multas, de montos francamente gravosos. Lo llamativo de esta Ley es que penaliza actividades intrínsecamente relacionadas a actividades que sí están autorizadas (p. e. juntarse con amistades, cuando están permitidas las reuniones familiares y abiertos los bares).
A todo esto, hay que agregar que el Gobierno de Córdoba no publica ningún reporte georreferenciado sobre los brotes ni brinda información territorial de calidad que clarifique la situación de las zonas con circulación comunitaria. Si bien se informa la cantidad de casos nuevos cuyos nexos epidemiológicos se conocen, nunca se informan los lugares concretos (únicamente la localidad) donde habrían ocurrido los contagios cuyos nexos epidemiológicos no se conocen. Cabe suponer que dicha información o bien no se conoce (lo que denotaría limitaciones en el rastreo) o bien se la resguarda, cuando en una fase de transmisión comunitaria saber por dónde circula el virus es lo central. Lo cierto es que no hay ninguna plataforma que vincule el trabajo epidemiológico territorial y el derecho ciudadano a esta información.
Hay que destacar entonces que el flujo actual de movilidad y el nivel de confusión sobre las pautas de esta fase hacen impracticable una situación equitativa frente a las multas. A su vez, por cómo está planteada esta Ley, los criterios de sanción a los incumplimientos de Protocolos dejan de ser estrictamente epidemiológicos y pasan a ser monetarios y segregativos. Por otro lado, la medida refuerza mensajes contraproducentes en un contexto de epidemia: "si me decís donde estuviste, te multo"; "el que paga puede hacer lo que quiera", lo cual tendrá un impacto negativo en el rastreo de casos.
Multar en tiempos de pandemia puede ser una expresión de desesperación económica y política, o por lo menos de falta de imaginación, justificable con la caída en la recaudación. No es el único modo posible de reglamentar la nueva normalidad: es despotismo político, fruto de la improvisación. La provincia pretende sancionar a ciudadanos/as que han acompañado medidas más restrictivas cuando fueron necesarias y que circulan porque de algún modo (omisión, error, lo que fuera) recibieron el mensaje de que pueden hacerlo. Combatir la pandemia no es solo un desafío de vigilancia, es principalmente un desafío de cuidados. La multa como política de cuidados debería ser el último de los recursos a los cuales apelar, la prevención, la educación y la comunicación son prioritarias.
Esto no quiere decir que haya que dejar pasar los delitos probados contra la salud pública, ni mucho menos relajar los controles, sino que los controles deben estar orientados al cuidado de la salud, no por el incentivo recaudatorio. Multar en un contexto tan delicado, con la economía doméstica seriamente comprometida, con más del 60% de los hogares debajo o bordeando la línea de pobreza, ataca la confianza en las instituciones de control y desregula el uso del poder de la denuncia a supuestos infractores; es decir, daña el tejido social. El Gobierno de Córdoba, junto al COE, deberán repensar la estrategia y no poner en el banquillo a la ciudadanía. Por suerte, están a tiempo de hacerlo.




viernes, 26 de junio de 2020

Pool de encuestas de una gestión consensuada

Nota publicada en La Nueva Mañana

En vísperas del anuncio de una nueva etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) algunos medios de comunicación aseguran que las diferentes encuestas nacionales señalan, desde la segunda quincena del mes de mayo, el inicio de una caída de la imagen del presidente como también de la aprobación del gobierno. Esto es técnicamente cierto, pero lo que dichas editoriales (o al menos, sus titulares) no mencionan es que ambas variables estuvieron durante los primeros 50 días de cuarentena en niveles excepcionales de aprobación, con picos de hasta 90 puntos. Es decir que las caídas en las mediciones de imagen y de gobierno están lejos de avizorar una pérdida significativa del apoyo mayoritario, ya que tanto el presidente como su gobierno mantienen niveles muy buenos o buenos de aprobación.

Analizando un pool de encuestas nacionales de diferentes colegas observamos que las variaciones en la aprobación tanto de la imagen presidencial como de la gestión del gobierno nacional son similares a la fluctuación del apoyo a las medidas de combate contra la Covid-19. Esto quiere decir que estas medidas son una variable de gran incidencia a la hora de hablar tanto del presidente como de su gobierno. Considerando las encuestas que fueron realizadas durante los primeros 50 días de cuarentena, se puede concluir que la aprobación de estas medidas fue contundente durante este periodo, rondando un promedio de 85%. A partir de la segunda quincena de mayo comenzaron a incidir otras preocupaciones, pero se mantuvo un buen nivel de apoyo para estas medidas. De hecho, tomando en cuenta sólo las encuestas realizadas en los últimos 40 días, la aprobación de las mismas promedia un 66%. Algo similar en términos proporcionales sucedió con la aprobación de la imagen del presidente y de su gobierno.

A continuación presentamos un diagrama de dispersión que cruza la aprobación de medidas contra la pandemia con la imagen del presidente. Los datos fueron extraídos de diferentes encuestas nacionales (todas IVR) realizadas en los últimos 30 días. Cada punto del diagrama representa una encuesta, y sus mediciones en estas dos variables se encuentran condensadas mediante un índice llamado Net Promoter Score (NPS: promotores menos detractores dividido el total de encuestados con opinión). Un NPS por arriba de 0 es “Bueno”, mientras que uno por arriba de 50 es considerado “Excelente”. Obsérvese que, según las mayoría de estas encuestas nacionales, tanto los niveles de conformidad con las medidas preventivas como la imagen del presidente tienen buenos y muy buenos niveles de aprobación, cercanos a la línea de excelencia pero usualmente por debajo de la misma.

Diagrama 1: Cruce Imagen de Alberto Fernández y Aprobación de medidas contra Covid-19 de las últimas encuestas. La fecha indica último día de campo



Este diagrama se puede comparar directamente con otro análogo hecho a partir de encuestas realizadas entre fines de marzo y principios de mayo.

Diagrama 2: Cruce Imagen de Alberto Fernández y Aprobación de medidas contra Covid-19 de encuestas de abril y mayo. La fecha indica último día de campo.





Nos interesa destacar que durante los primeros 50 días la imagen presidencial tuvo un NPS promedio de 57,11 mientras que la imagen de gobierno tuvo 59,7. Es decir, ambos convivieron en una zona de excelencia, junto con las medidas de combate a la pandemia, las cuales tuvieron un NPS promedio de 78,8. Esta situación claramente iba a modificarse por los efectos colaterales de la situación que se atraviesa. Efectivamente, tanto la imagen del presidente como los niveles de aprobación de su gobierno han disminuido en los últimos días, como también sucede con el apoyo a las medidas de combate de la pandemia. Sin embargo, podemos afirmar que los valores actuales se ubican en niveles normales y lejos están de resultar preocupantes en sí mismos. La comparación de encuestas entonces permite afirmar que el oficialismo cuenta con un apoyo mayoritario, con métricas que oscilan entre “Muy bueno” y “Bueno”.

En lo que respecta al apoyo a la continuidad de la cuarentena, durante la primera quincena de mayo esta tenía un promedio de aprobación del 88,8%, mientras que desde la segunda quincena de mayo a la fecha este promedio cayó al 58%. La caída del apoyo a la cuarentena tiene su correlato en las calles, donde claramente se observa un aumento de la movilidad, y por lo tanto tiene también su correlato en la cantidad de contagios, los cuales vienen creciendo exponencialmente desde hace algunas semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra aproximadamente el 40% de la población del país.

Todo esto nos permite concluir que si bien el gobierno deberá ser más persuasivo a la hora de endurecer las medidas de aislamiento para detener el aumento de la propagación del virus, cuenta con el consenso suficiente para lograrlo, como también con un resto para tomar otras decisiones que se consideren oportunas y necesarias.






martes, 26 de mayo de 2020

Pool de encuestas y cambio de etapa



A partir del último anuncio presidencial (23/05) de extensión sectorizada y segmentada de la cuarentena a nivel nacional, el gobierno ingresa a una nueva etapa en la que el combate a la propagación del virus tendrá criterios más segmentados por zonas. Es probable que nos acerquemos a un escenario en el cual los anuncios nacionales serán cada vez más focalizados, por lo tanto, más susceptibles de ser interpretados desde diferentes realidades. Resulta interesante entonces efectuar un balance sobre la performance del gobierno en los últimos dos meses, en los que el país se encontró cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio de manera casi total, y tomarlo como punto de partida hacia esta nueva etapa.
Analizando un pool de encuestas[1], de diferentes consultoras, puede concluirse como diagnóstico general que hubo una amplia aceptación de las medidas contra la Covid-19 durante abril y mayo. Esto es interesante porque, a diferencia de los medios de comunicación, las agencias de investigación no suelen sincronizarse en sus diagnósticos, ya que se ajustan más a lo que se conoce como clima de opinión mientras los medios se ajustan más bien a las agendas (políticas e intrínsecamente mediáticas). La aprobación de las medidas de combate fue contundente durante abril y mayo, se mantuvieron en un rango que va de los 73 a los 90 puntos de aprobación (guarismos comparables solo con la Asignación Universal por Hijo, que en sus momentos de máxima aprobación - 2011 - rondó el 70%).
Otro dato que arrojan las distintas encuestas es el efecto arrastre que tuvieron las medidas contra la Covid-19 en la imagen de Alberto y del gobierno. Ambos indicadores aumentaron durante el periodo más crítico de cuarentena, traccionados por el apoyo que alcanzaban las medidas contra la pandemia.
A continuación presentamos un cuadro de dispersión que cruza la aprobación de medidas contra la pandemia e imagen del presidente y de gobierno. Las imágenes están presentadas en NPS. El NPS es un indicador de aprobación más exigente que la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa, ya que incluye a los neutros en su base[2] Un NPS por arriba de 0 es bueno, mientras que uno por arriba de 50 es considerado excelente. En general, tanto Alberto como su gobierno se mantuvieron por arriba de 50 en su NPS, lo que representa un récord político bastante inusual.
Gráfico 1: evaluación de las medidas contra Covid-19 e imagen de Alberto Fernández con fecha del último día de campo




Gráfico 2: evaluación de las medidas contra el Covid-19  e imagen de gobierno con fecha del último día de campo



Si bien se observa cierta dispersión en los datos, propio de lo sensiblemente cambiante que es la opinión pública y la poca exactitud del instrumento empleado en las mediciones (IVR), lo cierto es que en la mayoría de ellas las aprobaciones se ubican cerca o por arriba de la línea de 50 puntos de NPS, es decir, en la zona del muy bueno o por encima de lo que se considera excelente. Esto hace, cualitativamente, menos significativa las diferencias entre las mediciones.
 Por otro lado, en las encuestas analizadas se observa también que el acuerdo con la continuidad de la cuarentena es alto, entre 79 y 87 puntos. Probablemente esto tenga cierto sesgo perceptivo por parte de los respondientes, ya que el método de recabación IVR suele establecer una comunicación telefónica a los teléfonos fijos domésticos, es decir que probablemente respondieron en mayoría personas que se encontraban cumpliendo la cuarentena en el hogar al momento de responder. Aún así, restando algunos puntos por sesgo, el apoyo a la continuidad es bastante alto.
Podemos decir entonces que, pese a los errores que pudieran haberse visibilizado, la respuesta del gobierno frente a la pandemia es bien valorada desde su inicio, lo cual le valió para cosechar apoyo a niveles extraordinarios. Estos niveles de apoyo, hoy, son un soporte suficiente para profundizar las medidas existentes (como prorrogar la cuarentena o establecer cordones sanitarios), como también para el desembarco de nuevas medidas, inclusive aquellas de fácil ataque por parte de la oposición como el impuesto a la riqueza.
El gobierno entra en una fase en la cual probablemente sus niveles de aceptación “caigan”, pero esto sería que bajen a niveles muy buenos, saliendo de la zona de excelencia. Y si bien dejará blancos descubiertos en lo que hace a la respuesta frente a la pandemia, también podrá efectuar cambios transformadores haciendo uso del apoyo ganado y de cierto efecto disciplinador que despertó la sensibilidad a la información oficial durante la cuarentena. Por último, llegado el caso de que las buenas decisiones demostraran (a posteriori) no haber sido suficientes, y el crecimiento de contagios se salga de control; aún así el gobierno, en ese que es el peor de los escenarios, cuenta con un nivel de aprobación suficiente y cierto margen para no caer inmediatamente a niveles de aprobación regulares o negativos. En contraposición, la oposición deberá trabajar arduamente si aspira a incrementar su magro nicho de aprobación.





[2] NPS = (“promotores” – “detractores”) / “total de encuestados con opinión”.