lunes, 13 de julio de 2020

Córdoba en fase autárquica

El 29/06 la provincia de Córdoba ingresó en una fase de "Distanciamiento Social", distinta de AMBA que volvió a fase 1 ese mismo día. Nos gustaría reflexionar sobre la fase en la que se encuentra Córdoba y el modo en que se gestiona, tomando algunos hallazgos de nuestro último estudio cualitativo. 

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en línea con la OMS, las fases de administración del ASPO son cinco.



La primera es el "Aislamiento Estricto", el cual fue decretado el 20/03 (DNU 297/2020), y luego doblemente prorrogado en todo el país hasta el 11/04 inclusive. La fase 2, el "Aislamiento administrado", se diferencia de la anterior en que se autorizaron algunas actividades (DNU 355/20). El Jefe de Gabinete de Nación atendía los pedidos específicos de las provincias para la apertura de otras actividades, en determinadas regiones geográficas, y según circunstancias específicas. Durante esta etapa, que también tuvo su prórroga, tanto las prohibiciones como las autorizaciones corrieron a cuenta de la Nación. El 26/04, un nuevo Decreto (408/20) reconocía que en ese momento el 62% de los municipios del país no registraban casos de COVID-19 y sí el 38% donde se concentra el 47,4% de la población total. Por ello, se ingresaba a un período en el cual la diversidad de situaciones epidemiológicas requerían de respuestas focalizadas y locales, algo imposible de atender plenamente desde el aparato del Estado nacional.
Así comenzó la fase 3 de "Segmentación Geográfica", en la cual se deben respetar las prohibiciones nacionales pero las provincias pueden gestionar autónomamente autorizaciones de diferentes actividades. A primera vista, el rastreo geográfico de casos requerido en esta fase solo se puede cumplir con herramientas de monitoreo que controlen la situación por jurisdicción, fragmentando el territorio por criterios epidemiológicos. Visto de este modo, los escenarios son muy diversos. Por un lado, Capital Federal y GBA enfrentaron el desafío de sincronizar sus medidas, lo cual dejó a la vista las diferencias políticas, tanto o más que las desigualdades sociales de ambos territorios. Por otro lado, el resto de las provincias ingresaron en un régimen desacoplado del mensaje nacional, por lo que cobraron protagonismo las gestiones provinciales. La fase 4 (DNU 459/20, del 10/05) habla de autorizar hasta el 75% de movilidad en ciertos casos. En algunas provincias el pasaje de la fase 3 a la fase 4, la de "Reapertura progresiva" se dio de hecho, más allá de las denominaciones. Si miramos los datos de movilidad[1], podemos observar que efectivamente aumentó en todo el país a mediados de junio, siguiendo con una tendencia que viene desde principios de mayo. Esto sucedió no solo por desobediencia ciudadana (en general el grado de aceptación y adhesión a las medidas de combate a la pandemia permanece en niveles altos o muy altos, oscilantes entre 60 y 80%): sucede que también existe una inercia en las prácticas sociales que no es simple de calcular, menos aún de moderar.  Debemos reconocer que en la mayoría de las provincias la gestión del aislamiento y el control de la movilidad fue difícil de practicar una vez que se flexibilizaron algunas actividades. Además, frente a un escenario de pocos contagios y escasa circulación comunitaria, hacia mediados de junio se instaló un clima de "fin de cuarentena"; comenzaron a tomar fuerza relatos sobre la experiencia de confinamiento como si fuera cosa pasada y adquirieron protagonismo mediático diferentes expresiones en contra de la cuarentena, con fundamentos que van desde el testimonio hasta la pantomima.
Toda esta experiencia de tránsito por las fases enseña que cumplir con un régimen segmentado genera un abanico de vivencias y actitudes muy diversas dando lugar a todo, incluso al ridículo. En este período en el que el territorio nacional ingresó en este limbo entre fases sucedió un fuerte aumento de casos diarios y el retorno a fase 1 en el AMBA; lo mismo ocurrió en el Gran Resistencia. También, más recientemente, hubo aumentos de casos diarios significativos en otras provincias.


Gráficos de Rodrigo Quiroga (@rquiroga en twitter) que ilustran la cantidad de contagios nuevos desde el principio de la epidemia en Argentina (suavizados con promedios en 7 días) en distintas provincias argentinas. Con la excepción de Chaco, todas las provincias aquí ilustradas exhiben incrementos en la cantidad de contagios diarios en la última semana.

Esto refleja la interdependencia de los territorios provinciales dentro del país y la imposibilidad de establecer regímenes holgadamente independientes en lo respecta al control de la pandemia. Mientras haya superficies del territorio nacional, e inclusive internacional fronterizo, con altos niveles de contagios por circulación viral, ninguna provincia ingresará confiada a la "Nueva Normalidad", establecida como la fase 5, la última, la cual supone una convivencia con el virus, territorialmente más homogénea, con algunas medidas de cuidados sostenidas. 
Sin embargo, en la provincia de Córdoba, pese al aumento de la cantidad de brotes y casos de contagio, desde hace 2 semanas se vive en una fase denominada de "Distanciamiento Social", la cual fue instalada por algunos medios de comunicación como fase 5. Esta se organiza como una combinación de diferentes criterios de diferentes fases: se preservan criterios de restricciones locales y de segmentación epidemiológica, el tratamiento territorial no es homogéneo, como sugieren la fase 4 y la fase 3, y se toleran altos niveles de movilidad, que en algunos momentos y actividades supera el 75% del valor de referencia normal, incluso en la ciudad capital. Para la ciudadanía cordobesa, “distanciamiento social” significó “salida del aislamiento”, esta interpretación prestó a confusiones en la interpretación de la fase (además de que se informó como la 5) y justifica parte del aumento de la movilidad. Sin mostrar esfuerzos por clarificar la situación, el Gobierno impulsó una Ley (Ley 30673/20), recientemente aprobada por Legislatura provincial, que establece que todas las personas físicas o jurídicas que violen los Protocolos de Actuación, Disposiciones y Resoluciones del COE en Córdoba pueden ser sancionadas con multas, de montos francamente gravosos. Lo llamativo de esta Ley es que penaliza actividades intrínsecamente relacionadas a actividades que sí están autorizadas (p. e. juntarse con amistades, cuando están permitidas las reuniones familiares y abiertos los bares).
A todo esto, hay que agregar que el Gobierno de Córdoba no publica ningún reporte georreferenciado sobre los brotes ni brinda información territorial de calidad que clarifique la situación de las zonas con circulación comunitaria. Si bien se informa la cantidad de casos nuevos cuyos nexos epidemiológicos se conocen, nunca se informan los lugares concretos (únicamente la localidad) donde habrían ocurrido los contagios cuyos nexos epidemiológicos no se conocen. Cabe suponer que dicha información o bien no se conoce (lo que denotaría limitaciones en el rastreo) o bien se la resguarda, cuando en una fase de transmisión comunitaria saber por dónde circula el virus es lo central. Lo cierto es que no hay ninguna plataforma que vincule el trabajo epidemiológico territorial y el derecho ciudadano a esta información.
Hay que destacar entonces que el flujo actual de movilidad y el nivel de confusión sobre las pautas de esta fase hacen impracticable una situación equitativa frente a las multas. A su vez, por cómo está planteada esta Ley, los criterios de sanción a los incumplimientos de Protocolos dejan de ser estrictamente epidemiológicos y pasan a ser monetarios y segregativos. Por otro lado, la medida refuerza mensajes contraproducentes en un contexto de epidemia: "si me decís donde estuviste, te multo"; "el que paga puede hacer lo que quiera", lo cual tendrá un impacto negativo en el rastreo de casos.
Multar en tiempos de pandemia puede ser una expresión de desesperación económica y política, o por lo menos de falta de imaginación, justificable con la caída en la recaudación. No es el único modo posible de reglamentar la nueva normalidad: es despotismo político, fruto de la improvisación. La provincia pretende sancionar a ciudadanos/as que han acompañado medidas más restrictivas cuando fueron necesarias y que circulan porque de algún modo (omisión, error, lo que fuera) recibieron el mensaje de que pueden hacerlo. Combatir la pandemia no es solo un desafío de vigilancia, es principalmente un desafío de cuidados. La multa como política de cuidados debería ser el último de los recursos a los cuales apelar, la prevención, la educación y la comunicación son prioritarias.
Esto no quiere decir que haya que dejar pasar los delitos probados contra la salud pública, ni mucho menos relajar los controles, sino que los controles deben estar orientados al cuidado de la salud, no por el incentivo recaudatorio. Multar en un contexto tan delicado, con la economía doméstica seriamente comprometida, con más del 60% de los hogares debajo o bordeando la línea de pobreza, ataca la confianza en las instituciones de control y desregula el uso del poder de la denuncia a supuestos infractores; es decir, daña el tejido social. El Gobierno de Córdoba, junto al COE, deberán repensar la estrategia y no poner en el banquillo a la ciudadanía. Por suerte, están a tiempo de hacerlo.